En un post de enero del año pasado hice referencia a toda esa serie de proyectos puestos en marcha por la Generalitat Valenciana y que se caracterizan por un denominador común, el fracaso. Proyectos que han ido sumando a lo largo de años y más años el endeudamiento y despilfarro que nos ha llevado a la actual situación de quiebra en la Comunidad Valenciana. Hagamos un recordatorio:
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Plagados de sobrecostes, proyectos que “no iban a costar un euro a las arcas públicas” y acabamos pagando todos, proyectos que son un pozo sin fondo de deuda, proyectos hechos por y para el beneficio de unos pocos, proyectos que se han acabando cancelando.
Hoy, tengo una sensación agridulce. Por un lado el éxito de las manifestaciones del domingo me hace albergar la esperanza de que algo puede estar cambiando, debe estar cambiando. Pero estamos solo al principio de un camino, todavía largo y penoso y cuyo desenlace es más que imprevisible e impredicible. Por otro el hecho de tener que volver a la lucha por derechos laborales y sociales que creíamos consolidados nos devuelve a la realidad. Hemos retrocedido dos décadas, veinte años perdidos en un suspiro y encima hay que soportar que quienes son los responsables de la bancarrota insulten nuestra inteligencia y dignidad pretendiendo hacer creer a la sociedad que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Lo habrán hecho ellos con los beneficios fruto del saqueo sistemático a que han sometido el sector productivo y económico.
Y toca pagarlo al sector público. El acoso sistemático a todo lo público no es casualidad, sino fruto de plan perfectamente organizado para desprestigiar y dejar raquítica a una parte fundamental de nuestra sociedad. Los funcionarios nos hemos visto envueltos en esta endiablada dinámica. Nos han colocado en el centro de la diana y nos han hecho responsables de la crisis. Pero no sólo no es cierto esa afirmación dado que la situación que venimos arrastrando es consecuencia directa de la desregulación de los mercados preconizada por la derecha más neoliberal sino que en la Comunidad Valenciana la quiebra técnica la han llevado a cabo esos mismos sectores neoliberales de la política. El Partido Popular es el único responsable del crítico momento que vivimos los valencianos.
Nos han vuelto a bajar el sueldo a los funcionarios y han recortado derechos laborales de forma unilateral y todo con el aplauso entusiasta de una parte de nuestra sociedad alentada desde el poder político. Ni somos privilegiados como dicen ni pueden pretender que nos sintamos culpables de cumplir con nuestra obligación al servicio de los ciudadanos. Nuestros derechos laborales nada tienen que ver con el déficit o el dinero que no tienen para cumplir con el pago de sus obligaciones.
Nos enfrentamos pues a un doble problema: los impagos que ponen en cuestión la propia existencia de la escuela pública y los recortes que se cargan derechos laborales y salariales de años de lucha y merman drásticamente la calidad de los servicios prestados. No hablamos de poco más de cien euros de rebaja salarial, como se empeñaba en afirmar ABC hace un par de días, estamos hablando de hasta 400 euros mensuales capaces de dejar temblando la economía de una familia, de la imposibilidad de pagar facturas de comedor, de comprar folios, material fungible para los centros, pagar la luz...
Ante todo esto no esperarán que vayamos al matadero en silencio. La supresión de las actividades complementarias y extraescolares acordada por la permanente de directores y los sindicatos debe hacer entender hasta dónde llega nuestra implicación en las aulas, debe hacerles reflexionar hasta que punto nuestra tarea va más allá de nuestra obligación y debe dejar bien claro que seguir maltratándonos y vejándonos es la forma más directa de acabar con la escuela pública.
Somos enseñantes, maestros y profesores que pese a todo y a todos nos dejamos la piel todos los días por nuestros alumnos y no estamos dispuestos a que se rían de nosotros y nos utilicen como arma arrojadiza cuando se tuercen las cosas. Desde aquí animo a todos los claustros a adherirse a esta iniciativa de supresión de actividades extraescolares y complementarias y demostrar a nuestros indignos gobernantes que sin nuestra colaboración, sin nosotros no tienen nada que hacer. Aunque sea doloroso, aunque nos cueste. Nuestra dignidad y la calidad del sistema educativo nos lo exige.
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