Veintinueve personas o sociedades investigadas por presunto enriquecimiento en la tramitación del PGOU. Entre ellos el anterior alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi y la actual alcaldesa Sonia Castedo. Y todo para favorecer al empresario y dueño del Hércules, Enrique Ortiz. Cuanto más se descubre de la trama es más evidente que en Alicante no se ha hecho nada en los últimos años sin el conocimiento de este empresario. Ha sido la sal de todos los guisos y la salsa de todos los platos.
Es más, Castedo, la actual alcaldesa, hablo con Ortiz para intentar buscar "algo" contra Luna, portavoz de los socialistas en Las Cortes ante la labor de oposición que estaba haciendo contra los chanchullos del Partido Popular. Supuestamente trataron de «compartir información» para usarla contra el síndico del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas relativa a la época en la que éste era alcalde.
Relojes de 24.000 euros, bolsos de marca, ropa... eran los presentes que ofrecía el empresario para hacerse con los negocios que más le interesaban. ¿Cuántos acabarán entre rejas? Me temo que ninguno. Da nauseas tener que escribir sobre esto, así que lo dejo. A fin de cuentas no creo que pase más allá de titulares de periódico, que por cierto, lee muy poca gente.
Al cap i a la fi, si no hi consta hauria de fer-ho, als plecs de condicions per les contractacions públiques hauria de figurar una clàusula per la qual s'instaurés el sistema de "contraprestacions" econòmiques per poder obtindre contractes. Quin país!
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