Durante más de una década los ayuntamientos españoles intentaron exprimir al máximo la gallina de los huevos de oro que suponía el boom de la construcción para financiarse de una manera fácil y efectiva. Sólo era cuestión de recalificar terrenos para permitir que promotoras y constructoras hicieran crecer urbanizaciones y todo tipo de construcciones en tiempos verdaderamente récord. Pasar por el mismo escenario en un intervalo de dos años significaba no reconocerlo tal y como lo imaginaba uno desde la última vez que lo había visto.
La tentación era tan grande que no hacerlo era casi un pecado político. ¿Qué alcalde podía renunciar a contruir su piscina, su zona deportiva, o sus parques nuevos si los vecinos de otras localidades lo hacían? la tentación era demasiado grande; la presión de promotores y constructores, a veces, insoportable; y el ego de los algunos munícipes, bastantes por lo que vemos cada día, más subido de lo que debiera. La cosa era fácil: una comida o cena en un buen restaurante con bandejas llenas de marisco a rebosar y carnes de la mejor calidad, unas botellas de buen vino y una larga sobremesa en la que presentar el plan con la modorra que ocasiona un estómago demasiado lleno y la euforia de sentirse como un medio dios entre gente de mucho dinero. Un proyecto que se aprueba en pleno, unos terrenos que se recalifican y a esperar que las arcas municipales se llenen y las cuentas de más de uno aumenten.
Si no hay terrenos edificables y las posibilidades de recalificarlos no existen, no importa porque siempre hay algún alcalde dispuesto a dejarse alegrar el día a sabiendas de que lo que está haciendo no sólo no es legal sino que van a engañar a los posibles compradores de unas construcciones que nunca podrán legalizar. Pero, ¿qué más da? Se venden los chalets a los extranjeros que esos siempre vienen con mucho dinero para invertir. Más adelante ya se verá.
Y eso es lo que pasó en el pequeño pueblo alicantino de Llíber dónde un alcalde sin escrúpulos se dedicó a permitir la construcción en terrenos sin licencia para venderlos posteriormente a extranjeros que no podían legalizarlos. 300 chalés construidos en suelo rústico y un total de 16 imputados que pasan por el ex alcalde del PP, el aparejador municipal y el cabecilla de la red, un constructor.
El actual alcalde de Llíber, del PSPV, ordenó en 2004 colocar carteles para advertir a posibles compradores de que antes de adquirir una casa o un terreno se informaran de su situación urbanística. Los carteles se colocaron en todas las carreteras de acceso al término de Llíber. Fue una medida para frenar los fraudes en la venta de chalés.
La estupidez humana ciega una y otra vez a las personas y como no podría ser menos a estos personajes. Alcaldes de pueblos más o menos pequeños que piensan que ostentan el poder para siempre y que pueden actuar como les venga en gana al margen de la ley y no se dan cuenta que más pronto o más tarde acabarán pagando sus tropelías ante una justicia lenta pero implacable con quienes no son nada lo cual les debería hacer reflexionar sobre el verdadero poder que creyeron poseer y la realidad de quiénes eran y quienes son.
Buena idea, útil idea.
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