A parte de la previsible decepción por no haber sido elegida Madrid como sede los Juegos Olímpicos de Madrid en 2016 la noticia importante de hoy en la Comunidad Valenciana es la presentación por parte de Iniciativa del País Valencià de una querella por prevaricación contra de la Rúa, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Los hechos denunciados deben ser tan claros que me he encontrado con una reflexión firmada por Matizaciones jurídicas en el periódico LEVANTE que expresa perfectamente lo que iba a relatar.
Ciertamente de la Rúa debería haberse abstenido en un momento anterior. Nadie mejor que un magistrado conoce que circunstancias son motivo para ello. Ahora bien, visto que no se hizo conculcando la ley (claramente) y que después se dicto una resolución más que cuestionable jurídicamente, éste es el momento de denunciar una presunta prevaricación ya que no se puede denunciar un delito antes de que se perpetre, como todos entenderán. Entiendo por otra parte que al Consell el tiempo que mejor le convendría seria después de las elecciones de 2012 pero, claro, lo que queremos y lo que es no coinciden necesariamente ¿verdad? Además el recurso sobre la citada resolución lo verá el Supremo de aquí a febrero próximo, de modo que un poquito de paciencia que ahora sí que empezamos a subir escalonets.
Añadir a lo ya expuesto que el Consejo General del Poder Judicial debería intervenir ya. No hay tiempo que perder porque este señor ha violentado la justicia en Valencia. Lo que no acabo de entender es como no fue recusado desde el principio. El hecho de que no se abstuviera es una vergüenza que desprestigia a la Justicia y a él mismo.
Pero quien también debería apartarse de todo este embrollo es el vocal del mismo Consejo y ex consejero de Justicia de Camps, Fernando de Rosa. Da la sensación que ambos han formado una barrera judicial para proteger a Camps.
Ya. Y es verdad, y me parece bien que se denuncien estas cosas. Es cierto, también, que el tal De la Rúa dijo "per se" que era más que amigo del "Curita". Pero ¿No llevamos así muchos años con el caso Fabra? A mí me da la impresión que el problema de la judicatura es más profundo y atañe, no sólo a las corruptelas políicas y corrupciones judiciales, sino al proceso mismo de selección ¿Quién es juez o jueza en este país? ¿Quien tiene mejor preparación? No, quien aprueba una oposición durísima que requiere un aislamiento de varios años y una estructura psicológica que cuando menos es sospechosa de trastorno. Véase lo que ocurre en Gran Bretaña, cuyos jueces y cuyas juezas, que también se equivocan - no nos engañemos -, son designados entre quienes han desempeñado muchos años de ejercicio de la abogacía. A lo mejor habría que planteárselo. Ahora a ver quién tiene "huevos", claro.
ResponderSuprimirEs que no se trata de equivocarse o no en las decisiones. Si ese fuera el problema estaríamos criticando en error concreto y puntual sobre una determinada decisión. No es eso. De lo que estamos hablando es de cómo un magistrado, al que se le debe pedir la imparcialidad que le demanda el cargo, puede decidir en instancia judicial sobre el futuro político y personal de un íntimo amigo. Eso no tiene nada que ver con ser buen o mal juez. Eso tiene que ver con cuestiones éticas, morales y procedimentales. Y es ahí en las cuestiones procedimentales donde debería intervenir el Consejo General del Poder Judicial porque la actuación de este magistrado ha creado alarma social y es, como poco, sospechosa.
ResponderSuprimirEstoy de acuerdo contigo. Por eso digo que la cuestión es más de fondo de lo que parece. Como dices, no se trata de un caso concreto - aunque por lo mediático sí es, por lo menos, singular -, sino del síntoma de una enfermedad que aqueja a toda la judicatura y a todo el sistema judicial. El caso del juez De la Rúa es sabido y conocido por su repercusión mediática pero hay mucho más, que como los icebergs es más lo que no se ve que lo evidente. Por ejemplo, la politización de la justicia está afectando a la división de poderes porque los jueces, que son un poder del estado - no nos olvidemos - o están al servicio del poder ejecutivo a todos sus niveles, desde el estatal, pasando por el autonómico y terminando en el provincial y municipal, o al revés, según los casos. Y eso, en mi humilde opinión, es más grave de lo que parece y no se circunscribe a los amoríos del Molt Honorable President de la Generalitat (valenciana) don Francisco Camps, que casos hay por doquiera se mire, entre otros el del capo di tutti capi, don Carlo Fabra.
ResponderSuprimirY, otra cosa, que haya tenido que ser IdPV, un partido marginal, sin militancia conocida y sin más objetivo que montar jaleo a ver si alguien se da cuenta de que están, quien haya denunciado la prevaricación judicial de este personaje dice mucho, y nada bueno, de esta sociedad de la autocomplacencia en la que vivimos cómodamente instalados, y yo el primero, que mucho "bla, bla, bla", pero no he movido ni el meñique de mi mano izquierda.
Posiblemente en tu planteamiento esté la respuesta a por qué lo ha hecho IdPV. Aunque estoy totalmente de acuerdo con que haya presentado la denuncia.
ResponderSuprimir